Guatemala da un paso en la regulación de la seguridad digital con la publicación del Decreto 26-2026, Ley Marco de Ciberseguridad, sancionado por el presidente Bernardo Arévalo y publicado en el Diario de Centro América este martes 17 de noviembre de 2026.
La normativa busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, atender e investigar incidentes cibernéticos, además de establecer sanciones para quienes cometan delitos relacionados con el acceso ilegal a sistemas, la manipulación de información y los ataques contra infraestructuras digitales.
El decreto fue aprobado de urgencia nacional por el Congreso de la República el pasado 3 de noviembre, con 121 votos favorables. Su entrada en vigor está prevista 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
¿Qué instituciones se crearán con esta ley?
Uno de los principales cambios es la creación de una estructura institucional especializada para coordinar las acciones de ciberseguridad en el país. Entre las instancias contempladas se encuentran:
- Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber): será el encargado de orientar las decisiones estratégicas en esta materia y estará presidido por el presidente de la República.
- Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber): funcionará bajo el Ministerio de Gobernación y tendrá responsabilidades técnicas y operativas, incluyendo la elaboración de políticas, estrategias y protocolos.
- Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT): dependerá de la Diciber y tendrá la función de coordinar la atención y respuesta ante incidentes digitales. La ley establece un plazo máximo de 18 meses para que esté en funcionamiento.
Además, se contempla que el Ministerio Público cuente con una fiscalía especializada para investigar los delitos establecidos en la normativa y que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) desarrolle capacidades especializadas en informática forense.
¿Qué delitos informáticos contempla el Decreto 26-2026?
La ley incorpora disposiciones penales para sancionar diferentes acciones que ponen en riesgo la información y los sistemas digitales. Entre las conductas contempladas están:
- Acceso ilícito: ingresar sin autorización a un sistema informático.
- Interceptación ilícita: captar información o comunicaciones digitales sin autorización.
- Ataques a la integridad de datos: alterar, dañar o eliminar información informática.
- Ataques a la integridad de sistemas: afectar el funcionamiento de sistemas tecnológicos.
- Falsificación informática: manipular datos o información digital con fines ilícitos.
- Apropiación de identidad ajena: utilizar indebidamente la identidad de otra persona en entornos digitales.
- Fraude informático: emplear sistemas o recursos tecnológicos para cometer fraudes.
- Abuso de dispositivos: utilizar herramientas tecnológicas para facilitar actividades delictivas.
Las sanciones varían según el delito y sus circunstancias. Algunas conductas contemplan penas de prisión de hasta ocho años, mientras que las penas pueden aumentar cuando los ataques afectan infraestructuras críticas digitales. La normativa también establece sanciones administrativas y multas para determinados casos.
¿Cuándo comenzará a aplicarse la nueva ley?
Aunque el decreto ya fue publicado y sancionado, sus disposiciones no entran en vigor de manera inmediata. La normativa establece que comenzará a aplicarse 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
A partir de su entrada en vigor también comenzarán a correr los plazos para desarrollar su implementación. El Ministerio de Gobernación tendrá seis meses para emitir el reglamento correspondiente, mientras que el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad deberá estar operativo en un máximo de 18 meses.
La aplicación de esta ley marcará una nueva etapa para la seguridad digital en Guatemala, en un contexto donde los servicios, las comunicaciones y cada vez más actividades cotidianas dependen de plataformas y sistemas tecnológicos.
