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La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un punto crítico durante la administración de Donald Trump. En una escalada de presión sin precedentes, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción.
Según las autoridades estadounidenses, Maduro y sus colaboradores habrían conspirado con disidencias de las FARC para “inundar” Estados Unidos de cocaína, utilizando al país caribeño como un punto logístico clave para el trasiego de estupefacientes. Esta grave acusación fue el fundamento para que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa que inicialmente fue de 15 millones de dólares, y que posteriormente se elevó a 50 millones de dólares, por información que condujera a la captura del mandatario.
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Sumado a la ofensiva judicial y financiera, Washington realizó una contundente demostración de fuerza militar. Se ordenó el despliegue de buques de guerra, incluidos destructores de misiles guiados, en las costas cercanas a Venezuela. La misión declarada de esta operación naval era la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, un movimiento que fue interpretado por Caracas y la comunidad internacional como un claro mensaje de presión y una advertencia directa al gobierno de Maduro, incrementando así la ya profunda crisis política y diplomática entre ambas naciones.