El Ministerio de Ambiente de Colombia ha ratificado la decisión de proceder con el sacrificio de aproximadamente 80 hipopótamos, descendientes de los ejemplares importados ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. Esta medida, aunque controvertida, responde a la clasificación de estos animales como una especie invasora que amenaza seriamente la biodiversidad del país y la seguridad de las comunidades rurales en la cuenca del río Magdalena.
Expertos ambientalistas sostienen que la población actual, que supera los 160 individuos, podría alcanzar los 1,000 para el año 2035 si no se toman medidas drásticas. Los estudios técnicos indican que los desechos de estos grandes mamíferos alteran la oxigenación del agua, afectando la pesca local y desplazando a especies nativas como el manatí. Además, su comportamiento territorial ha provocado ataques documentados a pobladores de la región.
El plan de manejo integral no se limita al sacrificio; también incluye la esterilización quirúrgica y el posible traslado de algunos ejemplares a santuarios en el extranjero. No obstante, el alto costo y la complejidad logística de estas alternativas han llevado a las autoridades a incluir la eutanasia como una herramienta necesaria para recuperar el equilibrio del ecosistema colombiano.