El Congreso de la República aprobó una nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa que moderniza los controles financieros del país y amplía la supervisión sobre diversos sectores económicos.
La legislación busca fortalecer las herramientas para detectar recursos de origen ilícito y adecuar las normas guatemaltecas a estándares internacionales utilizados para combatir el crimen organizado y el financiamiento de actividades terroristas.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de los proveedores de servicios relacionados con criptomonedas y activos virtuales dentro de los sectores que estarán sujetos a controles y supervisión por parte de las autoridades especializadas.
La nueva normativa también mantiene mecanismos de vigilancia sobre transacciones de alto valor en efectivo y exige a determinadas empresas conservar información financiera y registros de operaciones durante varios años para facilitar eventuales investigaciones.
Más controles y sanciones más severas
La ley endurece las consecuencias para quienes sean encontrados responsables de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Además de penas de prisión, la legislación contempla fuertes multas económicas para personas individuales y empresas que participen en este tipo de actividades o incumplan las obligaciones establecidas en la normativa.
Otro aspecto destacado es que las autoridades podrán reforzar los controles sobre funcionarios y exfuncionarios considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría utilizada internacionalmente para prevenir riesgos de corrupción y movimientos financieros irregulares.
¿Afectará el uso de efectivo?
Durante la discusión de la ley surgieron dudas sobre posibles restricciones al uso de dinero en efectivo.
Sin embargo, el texto aprobado señala que la normativa no tiene como objetivo perseguir a la economía informal ni criminalizar las actividades comerciales cotidianas realizadas en efectivo por la población.
Según sus impulsores, el enfoque está dirigido específicamente a combatir estructuras criminales que utilizan el sistema financiero para ocultar recursos de origen ilícito.
Nueva coordinación contra el crimen financiero
La legislación también contempla la creación de nuevos mecanismos de coordinación entre instituciones del Estado para fortalecer la prevención, detección e investigación de operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.
Con esta aprobación, Guatemala actualiza una de las principales herramientas legales utilizadas para rastrear movimientos financieros sospechosos y fortalecer la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el crimen organizado.