El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, activó un plan de choque para frenar la expansión de los hipopótamos (Hippopotamus amphibius) en Colombia. La estrategia incorpora por primera vez un protocolo técnico de eutanasia como parte de una intervención integral basada en evidencia científica. Según las autoridades, esta medida responde al crecimiento acelerado de la especie invasora. También busca mitigar sus impactos en los ecosistemas. La decisión marca un giro en la gestión ambiental del país. Durante años no se habían tomado acciones estructurales. Ahora se prioriza el control poblacional. El objetivo es proteger la biodiversidad y a las comunidades.
La ministra encargada, Irene Vélez Torres, explicó que existen dos vías principales: la translocación y la eutanasia. Señaló que esta última es necesaria cuando no es viable trasladar a los animales. El nuevo protocolo permitirá a las autoridades actuar con respaldo científico. Además, contará con el acompañamiento de institutos especializados. Vélez advirtió que sin esta acción no es posible controlar el crecimiento de la especie. Por ello, se busca aplicar medidas de forma inmediata. La intención es reducir el número de ejemplares. Así se espera estabilizar la población en el corto plazo.
El plan contará con una inversión de 7.200 millones de pesos, financiados por el Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Estos recursos permitirán implementar acciones de control y manejo en distintas regiones del país. También cubrirán la aplicación de protocolos técnicos para reducir la población. El Gobierno reconoció que la falta de recursos ha sido una barrera histórica. Por ello, esta asignación busca fortalecer a las autoridades ambientales. Las corporaciones regionales tendrán mayor capacidad de acción. Se espera avanzar de manera más efectiva. El financiamiento será clave para ejecutar el plan.
Actualmente, se estima que hay más de 200 hipopótamos en Colombia y la cifra podría aumentar drásticamente. De no actuar, la población alcanzaría 500 individuos en 2030 y cerca de 1.000 en 2035. Esta situación incrementa los riesgos ambientales y para las comunidades. La especie fue declarada invasora en 2022 por sus efectos negativos. Entre ellos, la alteración de fuentes hídricas y el impacto en fauna nativa. El plan también contempla alternativas como la esterilización y el confinamiento. Sin embargo, presentan limitaciones técnicas y costos elevados. Con estas medidas, el Gobierno busca frenar una problemática que sigue en expansión. Informa el Ministerio de Ambiente Colombia