El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido condenado a once años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración, en relación con su fallido intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. La sentencia, emitida por el tribunal, se anunció días antes de que venciera el plazo de tres años de prisión preventiva que se había dictado en su contra.
La condena se deriva del intento de Castillo de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, una acción que culminó con su detención el mismo día de los hechos. Este fallo judicial subraya la seriedad con la que el sistema de justicia peruano aborda las rupturas del orden constitucional.
Junto a Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, también fue condenada a la misma pena. En su caso, se ha emitido una orden de detención a nivel nacional e internacional para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Este dictamen se suma a las complejas situaciones políticas que ha enfrentado Perú, donde varios expresidentes han sido objeto de investigaciones y procesos judiciales por distintos cargos. La decisión judicial contra Castillo, aunque esperada por algunos sectores, genera un impacto significativo en el panorama político del país.