El gobierno de Bernardo Arévalo ha generado un terremoto en el sector educativo al anunciar un paquete de beneficios para los maestros del sector público a nivel nacional, sin contar con el aval del influyente líder sindical Joviel Acevedo. Las medidas incluyen un aumento del 5% al salario docente, un incremento de 400 quetzales para el personal administrativo y un bono único de 500 quetzales.
Pero la ofensiva de Arévalo va más allá de lo económico. El presidente y la ministra de Educación han solicitado a la Procuraduría interponer un amparo para declarar inconstitucionales las amplias atribuciones que gobiernos anteriores otorgaron al secretario del sindicato, a quien Arévalo calificó como un “ministro de educación paralelo”. Horas despues el dirigente Jovie Acevedo dio declaraciones de las acusaciones del presidente:
La administración justifica esta decisión ante el estancamiento de las negociaciones con el sindicato y la urgencia de beneficiar al magisterio. “Dejamos claro que estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a aceptar condiciones que afecten la economía del país”, sentenció Arévalo, refiriéndose a pretensiones sindicales consideradas inviables.
El aumento salarial entrará en vigor el 1 de junio. Esta audaz jugada del gobierno de Arévalo podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y el históricamente fuerte liderazgo de Joviel Acevedo, sembrando dudas sobre la continuidad del respaldo que los maestros le han brindado durante años.